APÓYANOS

El mazo (de dólares) que los Cabello movieron a España

Los primos de Diosdado Cabello Rondón, el poderoso ‘número dos’ del chavismo, y Luis Alfredo Campos Cabello, su lugarteniente en diferentes cargos públicos, tendieron un ducto de dinero que canalizó, según investigaciones de la Fiscalía venezolana antes de 2017, al menos 157 millones de dólares provenientes de coimas que la constructora Odebrecht pagó. Fuentes documentales y personales a los que el presente reportaje tuvo acceso, confirman ahora que Campos Cabello estableció en Madrid un grupo de empresas todavía activo.

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Madrid- Al mediodía de un lunes invernal de febrero, decenas de vehículos hacen fila en una amplia estación de servicio ubicada en la zona industrial de Alcobendas, un municipio de clase media-alta al noreste de Madrid. El logo y los clásicos colores de Repsol, la principal petrolera de España, se dejan ver en cada uno de los voladizos que cubren las islas de surtidores. A los lados, en el mismo terreno, se encuentran un autolavado y una tienda con un cartel que dice: Inversiones, Oportunidades y Negocios.

Se trata de una empresa registrada en octubre de 2012 por un venezolano de 53 años de edad, Luis Alfredo Campos Cabello, primo de Diosdado Cabello Rondón, desde hace tiempo considerado el número dos del chavismo, quien fue vicepresidente de la República y varias veces ministro, y en la actualidad se desempeña como vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado de la Asamblea Nacional. Cabello Rondón ha convertido su maratónico programa de los miércoles en la televisión estatal, Con el mazo dando, en una fuente de primicias sobre el rumbo que el gobierno chavista se apresta a adoptar en diversas materias.

Esta no es la única compañía de Campos Cabello en la capital española. Un año antes, en mayo de 2011, se convirtió en administrador único de Bengoechea Inversiones y Patrimonios, SL, dedicada a la compra-venta de bienes muebles y la asesoría empresarial. Y en abril de 2012 asumió el cargo de presidente de una empresa de almacenaje y custodia de maquinarias, llamada Depósito y Stockage Jj, SL.

Las tres empresas se han mantenido activas en la última década, a pesar de que sobre ellas recaen denuncias de la Fiscalía venezolana que las vinculan con supuestas operaciones de lavado de dinero. 

En julio de 2017, poco antes de que la írrita Asamblea Constituyente de ese año la destituyera, Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de Chávez entre 2007 y 2017, pero hoy disidente desde su exilio en España, denunció que las empresas españolas de Campos Cabello se usaron para canalizar decenas de millones de dólares en sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado a Diosdado Cabello Rondón, cuando era ministro de Obras Públicas y Viviendas (Mopvi) entre 2009 y 2010, y al hoy dueño de la gasolinera en Madrid, Luis Alfredo Campos Cabello, su primo, que en simultáneo se desempeñaba como director de despacho de ese mismo ministerio. La denuncia de Ortega Diaz se sustentó en la documentación hallada durante el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Caracas, en febrero de 2017, y su posterior análisis por parte de funcionarios de la Fiscalía venezolana.

En su cargo al frente del despacho de Obras Públicas, Diosdado Cabello tuvo un rol determinante en las contrataciones con Odebrecht, una compañía de ingeniería civil e infraestructura ya desaparecida que protagonizó uno de los casos de corrupción y sobornos más grandes de América Latina, conocido como Lava Jato

En un período de un poco más de un año, del 4 de junio de 2009 al 15 de junio de 2010, Cabello Rondón firmó dos addenda del contrato para la construcción del tercer puente sobre el río Orinoco, que se iba a llamar Puente Mercosur y debía conectar las riberas norte y sur del cauce, entre las poblaciones de Cabruta (estado Guárico) y Caicara del Orinoco (estado Bolívar).

El efecto neto de ambos addenda suscritos por Diosdado Cabello fue un incremento colosal del presupuesto de 991 millones de dólares asignado inicialmente a la obra. Los dos aumentos aprobados por Cabello sumaron casi 953 millones de dólares adicionales, según los documentos obtenidos por el Ministerio Público venezolano. Esos dos recargos, junto a dos más -uno anterior y uno posterior- que otros funcionarios firmaron, al final triplicaron el precio de la construcción, hasta llevarlo a 3.117 millones de dólares. Aún así, el puente no se completó.

Los fiscales también encontraron que, en esas consecutivas adiciones milmillonarias al presupuesto, unos 157 millones de dólares en recargos carecían de soportes que los justificaran. A partir de allí concluyeron que esa cantidad correspondía a los fondos que presuntamente habrían sido canalizados hacia las empresas en España de su primo, Luis Alfredo Campos Cabello. 

Tras obtener acceso a documentos mercantiles y de contrataciones en España y Venezuela, así como a informes de la Fiscalía venezolana, que los reporteros de armando.1eye.us revisaron, y entrevistas con varias fuentes conocedoras de la investigación que se adelantó en Venezuela, este reportaje verifica que la creación de las empresas en Madrid, con capitales desconocidos, tuvo por protagonistas a familiares y socios allegados de Cabello Rondón que ya trabajaban juntos en Venezuela en otra compañía llamada TSE Arietis, registrada en 2007 por Campos Cabello y que prestó servicios tanto a Odebrecht como a la petrolera estatal venezolana Pdvsa. También se pudo confirmar que, al mismo tiempo, mientras Campos Cabello se convertía en administrador de las tres empresas en Madrid, en Venezuela recibía pagos de la constructora brasileña a través de TSE Arietis, una de las contratistas de Odebrecht en la construcción del Metro de Los Teques, capital del estado Miranda, al suroeste de Caracas. 

Así mismo, quedó confirmado que este grupo de parientes y allegados consiguió registrar y dirigir siete empresas en España, cuatro de ellas relacionadas con directivos de TSE Arietis y tres vinculadas directamente con Campos Cabello, que se mantienen operativas desde hace más de una década.

Además, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía Anticorrupción de España que aceptaron hablar con los reporteros de armando.1eye.us bajo el resguardo de su identidad, altos cargos de la Justicia española habrían puesto impedimentos para continuar y profundizar las investigaciones sobre posibles delitos y hechos de corrupción que involucran a ciudadanos venezolanos con actividad y presencia en Madrid.

Puente a la fortuna

Luis Alfredo Campos Cabello siempre estuvo cerca de su primo Diosdado mientras este ocupó cargos en la alta jerarquía del gobierno chavista. Primero, cuando Cabello Rondón fue gobernador de Miranda (2004-2008), Campos Cabello fue jefe del despacho de la gobernación.

Cuando perdió la reelección en Miranda en noviembre de 2008, Cabello Rondón fue designado ministro de Infraestructura por Hugo Chávez y nombró a su primo como director del despacho en diciembre de 2008. Las ediciones de la Gaceta Oficial con las designaciones de Campos Cabello evidencian que esta acción se repitió cuando el ministerio cambió de nombre a Obras Públicas y Vivienda (Mopvi), donde continuó, con su primo, hasta junio de 2010. Además, entre mayo y octubre de 2009, Campos Cabello fue uno de los directores principales de Bolipuertos, entidad que también funcionaba bajo el paraguas del Mopvi. Estos cargos como director de despacho le permitieron mantener relación directa con contratistas. Según algunas fuentes, fue así como pudo entrar en contacto con Euzenando Azevedo, director ejecutivo de Odebrecht en Venezuela. Como precedente, según el propio Azevedo, en 2008 la constructora brasileña había financiado parte de la campaña de Diosdado Cabello para su frustrada reelección como gobernador.

De su primer cargo como jefe del despacho derivó una denuncia presentada en 2009 por Rafael Guzmán, entonces procurador general de Miranda, quien acusó a Campos Cabello de participar en presuntos hechos de corrupción en la administración de los recursos públicos, junto a otros familiares directivos de la gobernación.

En noviembre de 2007, cuando restaba un año para concluir la gestión de Diosdado Cabello en la gobernación de Miranda, su primo y también funcionario, Luis Alfredo Campos Cabello, registró en Caracas una empresa junto a su hermano, Jerson Jesús Campos, de 44 años de edad. Denominaron la empresa como TSE Arietis. 

La sede administrativa de la compañía está en Los Palos Grandes, una urbanización de clase media-alta del noreste de la capital venezolana, y la sede operativa en El Furrial, población de origen de la familia Cabello, en el estado oriental de Monagas. Hasta mediados de 2016, Luis Alfredo Campos Cabello se mantuvo como presidente de la empresa y, de acuerdo con el Seguro Social venezolano, trabajó en ella hasta noviembre de 2020. Su hermano se encargó de la dirección de operaciones hasta ese mismo año y, hasta marzo de 2024, trabajó para una empresa llamada Distribuidora Food Logistic, C.A. 

Junto a ellos figuraban varios socios que a la larga también se mudarían a España para formar parte de las directivas de las siete empresas vinculadas con TSE Arietis y Campos Cabello en Madrid, como Edixon Antonio Sulbarán Rojas, Blanca Marlene Bengochea Maggiorani y Freuzcar Rafael Herrera Farías. De acuerdo con un exempleado de la compañía, que pidió resguardar su identidad por miedo a represalias, esta era una empresa con un ambiente literalmente familiar. “Prácticamente los empleados pertenecen al círculo social de la familia [Campos Cabello] o son directamente miembros de la misma”, aseguró.

TSE Arietis era descrita en su página web como una “joven empresa” dedicada al transporte terrestre de maquinarias, equipos y materiales de uso en la industria de la construcción, así como al transporte y manejo de materiales y desechos peligrosos provenientes de la industria petrolera. Reportes del Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano permiten ver que obtuvo contratos de la estatal Pdvsa a través de algunas de las empresas mixtas en las que la petrolera tenía participación, como PetroDelta y PetroIndependencia, para el alquiler de camiones y equipos de carga pesada; y con transnacionales como la sucursal venezolana de la estadounidense Baker Hughes, y CNPC Services Venezuela, la filial venezolana de China National Petroleum Corporation.

Además, no tardó en trabajar en el área de la construcción como proveedor de Odebrecht en el proyecto de la Línea II del Metro de Los Teques. Esto ocurrió mientras Diosdado Cabello Rondón dirigía el Mopvi y Campos Cabello tenía el cargo -designado en una Gaceta Oficial de diciembre de 2008- de director suplente en la junta directiva del Metro de Los Teques.  

A partir de febrero de 2010 y hasta agosto de 2015, TSE Arietis recibió 104 pagos del Consorcio Línea II del Metro de Los Teques. Odebrecht y Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico (Vinncler C.A) pagaron los mayores montos en ese período, de acuerdo con las facturas a las que tuvo acceso la Fiscalía durante el allanamiento de las oficinas de la constructora brasileña en Caracas en 2017. Todas las facturas, unas en dólares y otras en bolívares, sumaron un poco más de 1,04 millones de dólares, y 33 de ellas fueron emitidas solo en 2010, como se pudo verificar para esta investigación tras la revisión de los documentos y bases de datos. 

Pero el mayor ingreso que a TSE Arietis llegó desde Odebrecht correspondió a las obras del tercer puente sobre el río Orinoco, en la región de Guayana, en el sur de Venezuela. En junio de 2006, cuando se pactó su construcción por un monto de 991 millones de dólares, se esperaba que la estructura de 11 kilómetros de extensión estaría lista en 2011 y se convertiría en el puente vial más largo de América Latina, según notas de prensa publicadas por el Gobierno.

Los documentos recabados por los funcionarios de la Fiscalía venezolana reflejaban múltiples irregularidades. La obra comenzó con un costo inicial de 991 millones de dólares, pero el presupuesto fue aumentando con la firma de cinco addenda. Mientras estuvo en el Mopvi, Cabello Rondón firmó dos de ellos, uno el 4 de junio de 2009 y otro el 15 de junio de 2010, respectivamente. Sin embargo, contraviniendo el sentido común, para el momento de esas firmas “la obra no poseía un avance físico real, la cual justificara el incremento desproporcionado tanto en moneda extranjera como en moneda nacional”, precisaron los fiscales que investigaban estos contratos.

La incorporación a destiempo de addenda en los contratos de obras públicas de Odebrecht fue, entre otras irregularidades, una práctica común en los negocios de la constructora brasileña en Venezuela y otros países de América Latina. Así conseguía proponer montos menores para ganar de manera “legítima” las licitaciones en las que participaba, para luego incrementar los costos a conveniencia. Los concursos a menudo corrían a cargo de funcionarios ya confabulados con Odebrecht, a cambio de las coimas que repartía el mítico Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de la compañía.

Hasta la firma del addendum III, todavía a cargo de Cabello Rondón, el monto consolidado de la obra ascendió a 2.584 millones de dólares, según los documentos de Odebrecht. Como se ha dicho, al final escalaría a 3.115 millones de dólares.

Pero los funcionarios de la Fiscalía hallaron una discrepancia en los cálculos sobre los que se fundaron los recargos que Diosdado Cabello aprobó. 

“Se constató que aproximadamente el monto total de obra ascendió a US$2.427.035.589,19, existiendo una discrepancia de US$ 157.460.587,04 con el monto reflejado en el documento (el contrato del Addendum III), generando un menoscabo al patrimonio de la Nación”, detallan los informes de la investigación iniciada por el Ministerio Público en 2017, siete años después de la firma de esos aumentos de presupuesto y con la obra, que quedaría inconclusa, sin avanzar todavía. 

Según fuentes de la anterior Fiscalía venezolana, consultadas para esta investigación, ese dinero excedente, de poco más de 157 millones de dólares, habría sido canalizado a través de TSE Arietis hacia las empresas de Campos Cabello en España. 

Años más tarde, en julio de 2017, fue registrada en Florida una empresa homóloga, TSE Arietis LLC, que tuvo una fugaz vida de apenas un mes. De nuevo, Campos Cabello figuró como gerente y representante en su constitución, hasta que la compañía fue disuelta “voluntariamente” el 31 de agosto de ese mismo año, justo ocho días después de que Luisa Ortega Díaz, desde Brasilia, hiciera la denuncia de los presuntos hechos de corrupción de Diosdado Cabello y su primo con la constructora Odebrecht y TSE Arietis de Venezuela.  

Los reporteros enviaron por correo electrónico un cuestionario con preguntas a Cabello Rondón, pero no recibieron respuesta.   

Te quiero de El Furrial hasta Madrid 

Luego de sus cargos en la administración pública, lo que continuó para Campos Cabello y sus socios venezolanos fue un cambio de país y continente para establecer nuevos negocios. Su primera inversión en España fue la creación, en mayo de 2011, de una compañía de asesorías “para el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería y obras públicas”, llamada Bengoechea Inversiones y Patrimonios, SL. Desde su registro, Campos Cabello es el administrador único. 

Esta compañía tiene por sede un lujoso inmueble, valorado actualmente en un monto máximo de 2 millones de euros según una web de bienes raíces, ubicado en una urbanización de clase alta en el distrito de Hortaleza, en Madrid. El propietario de este chalet es otra empresa, Sistemas Morello Iv SL, una sociedad constituida en junio de 2011 y que pertenece a Adrimar Viloria Bengochea, de 51 años, esposa de Campos Cabello y, según fuentes, hija de Blanca Marlene Bengochea Maggiorani, cercana a cumplir 75 años, la misma persona que a partir de 2016 se convirtió en accionista mayoritaria y presidenta de TSE Arietis en Venezuela. En documentos legales en Venezuela, Viloria Bengochea se identifica con el apellido de su esposo, Campos, según se pudo confirmar en los portales del RNC y CNE. 

El apoderado de Sistemas Morello es un viejo socio de Campos Cabello, Freuzcar Rafael Herrera Farías, de 45 años de edad, quien formó parte de la junta directiva de TSE Arietis. Su cercanía a la familia Cabello se remonta a los tiempos en los que el actual vicepresidente del PSUV se desempeñaba como gobernador de Miranda. Allí, junto a Luis Alfredo Campos Cabello, actuaba como negociador de la entidad regional en los procesos de licitaciones con los contratistas, según fuentes consultadas. Después de que Cabello Rondón perdió en 2008 la gobernación del estado Miranda frente a Henrique Capriles Radonski, Herrera asumió la dirección general de TSE Arietis, según el Registro Nacional de Contratistas.

Herrera constituyó en 2016 una empresa en Panamá, Arianne Corp, donde compartió cargos directivos con Bengochea y otro viejo socio de la empresa de El Furrial, Edixon Antonio Sulbarán Rojas, de 39 años. Dos años después, en 2018, fue disuelta. Herrera y Sulbarán fueron consultados para esta investigación, pero no respondieron. 

En una visita realizada al chalet en Madrid propiedad de Bengochea, Inversiones y Patrimonios SL, uno de los reporteros fue atendido por una persona que se identificó como Blanca Bengochea. Sin embargo, tan pronto se le explicó el motivo del encuentro, se negó tanto a responder verbalmente sobre su vinculación con Diosdado Cabello como a recibir un cuestionario por escrito. Tras mostrarse impresionada, dio media vuelta y se encerró enseguida en la casa.  

 

Por pocos meses, el chalet de la familia Bengochea también fue sede de Inversiones Oportunidades y Negocios, SL, la empresa propietaria de la gasolinera de Campos Cabello en Madrid. Fue registrada por él en octubre de 2012 y, tres semanas después, concretó la compra de un terreno para instalar la gasolinera. 

La parcela, ubicada en los números 13 y 15 de la calle Francisco Gervás en Alcobendas, Madrid, pertenecía a una familia de empresarios españoles vinculados al sector de las estaciones de servicio, de acuerdo con los documentos del Registro de Propiedad y Mercantil de la capital española. Aunque el precio total de venta no es público, se pudo conocer que la transacción incluyó como garantía un pago por 357.000 euros, que fue aplazado bajo la condición de que el deudor cancelara la cantidad antes del 15 de enero de 2013, y de que la operación se hiciera con un cheque de gerencia.

Completada la compra, Campos Cabello necesitó la ayuda de un equipo que lo asesorara con los compromisos legales y financieros que conllevan la administración de una gasolinera. De esa manera, Inversiones Oportunidades y Negocios, SL, así como el resto de las empresas de Campos Cabello a la postre, contrataron los servicios del bufete Domus Abogados, situado en uno de los distritos más lujosos de Madrid, Salamanca, una zona popularmente conocida como little Caracas debido a la profusa llegada de inversionistas inmobiliarios de origen venezolano en los últimos años. 

El despacho, especializado en el asesoramiento jurídico, tributario, civil, mercantil y laboral, ha tenido la representación de las empresas de Campos Cabello y sus socios desde 2012. Así, al menos hasta 2017, Jesús De Inés de Las Heras, uno de los socios de la firma, presentó los estados financieros de las tres compañías administradas por Campos Cabello. Aunque su nombre dejó de aparecer en los documentos a partir de 2018, el bufete continuó ejerciendo la misma tarea hasta 2022, cuando se publicaron los últimos informes de cuentas financieras.

Los primeros años de Inversiones, Oportunidades y Negocios, SL. no resultaron muy prósperos, por lo que muestran sus estados financieros. Durante los primeros tres años de operaciones, entre octubre de 2012 y finales de 2015, acumuló pérdidas de poco más de 176.000 euros. Su primer año con beneficios fue 2016, cuando reportó ganancias por 13.000 euros. Ese mismo año, sus administradores realizaron una ampliación de capital por un monto de 1,98 millones de euros, que infló los beneficios e hizo que la empresa registrara sus mayores ganancias: 301.229 euros en 2017 y 480.584 euros en 2018.

El reciente 17 de mayo, los reporteros enviaron un cuestionario al bufete Domus Abogados, a fin de aclarar detalles sobre las compañías citadas en esta investigación, así como para conocer su posición ante la denuncia de la Fiscalía venezolana que atribuye a sobornos de Odebrecht el origen de los fondos usados por Campos Cabello para constituir y gestionar empresas en Madrid. Pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta. 

Un almacén oscuro

En la tarde del 2 de marzo de 2012, funcionarios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española informaron sobre el mayor procedimiento realizado hasta el momento en España contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. En la operación, denominada Miniyó, los agentes incautaron 5.644 kilos de cocaína, 28 caballos de pura raza, relojes y joyas valoradas en un millón de euros, y 550 vehículos entre maquinaria pesada y carros de lujo. La red criminal tenía origen en Venezuela y, entre los vehículos confiscados por los funcionarios españoles, destacaban grúas y camiones volquetes y de construcción que conservaban el estampado de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores del gobierno venezolano. Dentro de ellas se escondieron los cargamentos de droga.

El voluminoso decomiso configuró un escenario ideal para que una empresa especializada en logística y almacenaje se hiciera con un contrato para resguardar los bienes decomisados por las autoridades, quienes necesitaban con urgencia espacios para almacenar la mercancía. Esa empresa fue Depósito y Stockage Jj SL, constituida el 30 de septiembre de 2011. 

Poco tiempo después de su registro, Depósito y Stockage Jj ya prestaba servicios a entidades judiciales españolas como la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio de Justicia, según una fuente del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la unidad estatal de inteligencia financiera en España, que participó en la operación Miniyó y pidió mantener su identidad en reserva. Esta versión también fue validada por una fuente de la Fiscalía Anticorrupción española, que pidió mantenerse anónima.

Al momento de su creación, la empresa era administrada por ciudadanos españoles que ejercían como representantes mancomunados de la compañía, según los datos mercantiles. La buena logística que tenía la empresa le abrió el camino para ubicarse entre las primeras opciones que funcionarios de seguridad recomendaban para operaciones similares. “Conseguían grúas y lo que hiciera falta en cualquier punto de España, rápidamente”, dijo una de las fuentes. Además de resguardar mercancías, también realizaban inventarios y peritajes judiciales de todo el material intervenido, lo que facilitaba el trabajo de los funcionarios.

Sin embargo, las finanzas de Depósito y Stockage Jj comenzaron a deteriorarse en el año 2013. Las cuentas por cobrar se acumulaban, la liquidez de la empresa quedó comprometida y el riesgo de bancarrota se hizo patente.

En ese contexto de declive, según algunas fuentes, un grupo de inversionistas anónimos ofreció inyectar al menos cuatro millones de euros a la empresa para aliviar sus problemas económicos. Poco antes de eso, en abril de 2012, se ejecutaron movimientos en la junta directiva de la entidad, por los que Luis Alfredo Campos Cabello se convirtió en su presidente, cargo que todavía desempeña en la actualidad. No se pudo confirmar si los inversionistas anónimos que acudieron al rescate de la empresa eran venezolanos y si entre ellos se encontraba Campos Cabello. Tampoco se pudo conocer por qué este se interesó en una empresa de almacenamiento al borde de la quiebra. 

Ciertos aspectos de la compañía levantaron las sospechas de las autoridades españolas. Las dudas se centraron en la actuación de un mando de la Guardia Civil que fue investigado por el servicio antiblanqueo. Al inicio, sospechaban que el funcionario mantenía una relación estrecha con el grupo que había invertido millones de euros para rescatar a Depósito y Stockage Jj del riesgo de bancarrota. Luego, tras un proceso de intercepción de llamadas telefónicas y otras comunicaciones, acusaron al agente de pertenecer “a una organización criminal”. Este oficial había ascendido del grado de teniente al de capitán, lo habían destinado al gabinete de la Dirección General de la Guardia Civil y había participado en la operación Miniyó.

Depósito y Stockage Jj tiene su sede en el kilómetro 18 de la carretera M-103, una red secundaria que conecta la capital española con distintas localidades ubicadas a las afueras de la ciudad, en la Comunidad de Madrid. El pasado 17 de mayo, cuando el equipo de reporteros se trasladó a la sede de la empresa, decenas de maquinarias pesadas estaban estacionadas dentro del recinto. Había grúas, remolques, camiones y contenedores de carga. Ningún cartel o señal identificaba el lugar como propiedad de Depósito y Stockage Jj, pero un trabajador que se encontraba allí lo confirmó y aseguró que todos los vehículos retenidos allí eran producto de incautaciones realizadas por directrices de la Audiencia Nacional española, el tribunal de jurisdicción nacional que estudia causas de terrorismo, narcotráfico y falsificación de moneda, entre otras de índole especial.

El equipo de reporteros también envió un cuestionario a Depósito y Stockage Jj, a través del bufete de abogados, pero sin obtener respuesta.

Investigaciones en pausa 

En julio de 2017, un equipo de fiscales venezolanos remitió una comisión rogatoria a sus homólogos españoles con la intención de ampliar las investigaciones sobre las empresas de Campos Cabello en Madrid. En respuesta a la solicitud, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación sobre la posible trama de blanqueo de capitales en la capital española y, junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se percataron de operaciones financieras sospechosas de blanqueo de capitales, según el diario ABC. En aquel entonces, los funcionarios determinaron que parte del dinero que pasó por España terminó en terceros países, entre ellos, Luxemburgo.

Sin embargo, diversas fuentes con conocimiento de las denuncias, consultadas para esta investigación, aseguraron que nunca recibieron una respuesta oficial desde España a sus solicitudes. En un encuentro internacional realizado en 2018, que agrupó a fiscales de distintos países, se corrió la voz de que en España se había decidido paralizar, al menos por un tiempo, los procesos relacionados a las tramas de corrupción de Venezuela. 

Consultada por los reporteros sobre este caso, la Fiscalía General española respondió que en 2018 se gestionaron dos expedientes de cooperación internacional relativos a Venezuela. “El primero se ejecutó tras recabarse la información de las entidades bancarias y la segunda se denegó al no concretarse los puestos que ocupaban los investigados en la sociedad estatal de petróleo y al no responder las autoridades venezolanas a la petición de ampliación de información realizada en ese sentido". 

“Mucha documentación se quedó allá [refiriéndose a las oficinas del Ministerio Público y de Odebrecht en Caracas] y no la pudimos recuperar”, lamentaron las fuentes vinculadas con la investigación que se activó en 2017, antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz y su reemplazo por Tarek William Saab en la Fiscalía General de la República.

Diez meses después de la denuncia presentada por la exfiscal Ortega Díaz, otra denuncia contra la familia Campos Cabello fue presentada ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, en mayo de 2018. En ella, el exdiputado Ismael García, disidente del chavismo, suministró cuentas bancarias, direcciones y nombres de las personas que formarían parte de una supuesta red de lavado de dinero. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial de los funcionarios estadounidenses sobre el caso.

Esta investigación fue realizada con ayuda del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), que lidera el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

*Tres periodistas participaron en la reportería y narración de esta historia. Dos de ellos solicitaron el resguardo de su identidad por razones de seguridad.

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05-05-24
Otro negocio de exportación picotea la biodiversidad venezolana

San Antonio Abad es el nombre de un zoocriadero privado, aliado del Ministerio de Ecosocialismo, sobre el que la Fiscalía General anunció una investigación por supuesto contrabando de fauna silvestre. Pero el procedimiento penal, de estar activo, no ha impedido que esa empresa, que forma parte de un grupo corporativo familiar, siga comercializando en el extranjero toneladas de especies criollas bajo amenaza de extinción. Tampoco lo ha hecho con las importaciones de animales foráneos, leones blancos entre ellos, que la misma compañía realiza.

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